Para acabar con la serie legal, me permito reproducir el artículo de opinión del profesor de Derecho Público
Miguel Ángel Presno colgó en su blog.
En su comparecencia ante los medios de comunicación para dar cuenta de la actuación de la policía ante las manifestaciones llevadas a cabo por estudiantes en las calles de Valencia, jefe superior de Policía, Antonio Moreno, manifestó, entre otras cosas, que «por más que se diga, no ha habido carga policial, ha habido actuaciones proporcionadas» y se negó a explicar el número de policías desplegados para no proporcionar esa información al «enemigo».
Para valorar si la actuación de la Policía ha sido correcta en términos jurídicos hay que recordar, en primer lugar, que el artículo 5.b) de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión dispone que «la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes». Pero una alteración del orden público no avala por sí sola la disolución de una manifestación si no pone «en peligro la integridad de personas o de bienes». Por tanto, la Policía debe explicar qué peligrosidad para personas o bienes existía antes de la disolución de las concentraciones, teniendo en cuenta que no lo es «cualquier corte de tráfico o invasión de calzadas producido en el curso de una manifestación» (sentencia del Tribunal Constitucional 66/1995).
En segundo lugar, y comprobada esa concreta peligrosidad, la propia actuación policial está sujeta a los límites del principio de proporcionalidad: a) debe ser idónea para restablecer el orden; b) no debe existir otra medida más moderada para conseguir ese propósito, y c) deben derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios. Pues bien, los porrazos indiscriminados y los empujones fuera de lugar no pueden ser la medida más idónea para restablecer el orden, ni la más moderada ni han supuesto, como se ha podido ver en la última semana, más beneficios para el interés general que el que hubiera producido una actuación policial más proporcional y, en suma, más profesional.
Y si ha habido excesos, no se trata de que se queden, como ha dicho la delegada del Gobierno, «en una anécdota», sino que las consecuencias administrativas y penales habrán de recaer en los responsables, sean o no policías. Por citar un ejemplo próximo en el tiempo, el desalojo violento y desproporcionado de la Plaza de Catalunya el 27 de mayo de 2011 ha originado la imputación penal en un juzgado del director de la policía catalana, de la exteniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, del jefe de los Mossos d'Esquadra de Barcelona, del jefe de los antidisturbios y del jefe del dispositivo que desalojó la plaza.
Por lo que respecta a las justificaciones en términos bélicos de la estrategia policial, parecen encajar en una concepción del orden público propia del denominado «derecho del enemigo», en la que el Estado no dialoga con sus ciudadanos, sino que los amenaza como enemigos y en lugar de actuar con normalidad democrática, aplicando en su caso el Derecho sancionador ordinario, trata de demonizar, con pretensiones excluyentes, a determinados grupos de personas.
Se trata, como poco, de consideraciones ridículas y falsas, pues es evidente que esos supuestos «enemigos» no tienen la peligrosidad que se les atribuye. En segundo lugar, y desde la propia perspectiva de la actuación policial, son poco inteligentes pues si estamos en guerra se legitiman, también por parte del supuesto «enemigo», medidas violentas de reacción.
Pero, sobre todo, estamos ante declaraciones inaceptables en un Estado en el que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estamos obligados por el ordenamiento jurídico y en el que la misión de los cuerpos policiales es garantizar la seguridad ciudadana pero protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades. En democracia solo tiene derecho a hablar del enemigo alguien como Gila.
Se puede consultar el original
aquí
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